*Publicado originalmente el 17 de febrero de 2020 en Rebelión.org
Carlos Rivera Lugo (Puerto Rico) ha sido durante los pasados años docente e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí (México), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Argentina), la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Internacional de Sociología Jurídica (España) y el Instituto Latino Americano de Estudos sobre Direito, Política e Democracia (Brasil). Fue el Decano Fundador del principal proyecto de formación jurídica de Puerto Rico, la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Es egresado de, entre otras universidades, la Universidad de Puerto Rico (B.A., Ciencia Política, 1970; J.D., Jurisprudencia 1982), de la Universidad de Columbia (M.L., Derecho 1983) y de la Universidad del País Vasco (Ph.D., Derecho 2006). Rivera Lugo es autor, de entre otros escritos, Marxist Perspectives of Law and the State in Latin America (2019), Crítica da economia politica do direito (2019) y Além do Constituiente e do Constitucional: Por uma Teoria Materialista do Processo Social Constitutivo (2019). Carlos ha sido conferenciante en Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. A su vez, ha mantenido una continua labor de difusión en diferentes medios de prensa, tales como Claridad, Rebelión, 80 Grados, etcétera. A partir de su amplio trabajo creativo de investigación, Rivera Lugo ha compartido unas palabras que son para ser compartidas.
– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – Eres un jurista que investiga y escribe. No es normal ni común en Puerto Rico. ¿Cómo inserta su trabajo creativo como investigador con sus convicciones políticas y su formación y quehacer de científico en Ciencias Políticas y Jurídicas?
– Carlos Rivera Lugo (CRL, en adelante) – En primer lugar, soy hijo de unos tiempos no sólo políticos sino que revolucionarios. Las revoluciones soviética, china y cubana marcaron mi era como una de nuevas posibilidades. Es así que cuando me gradué en el 1970 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con un grado en Ciencia Política, sabía ya que había encontrado mi vocación primaria: la política revolucionaria. Mi padre quería que yo siguiese estudios jurídicos para hacerme abogado, pero en ese momento yo veía el Derecho como una forma alienante y coercitiva de regulación social y gobernanza que sólo sirve para la reproducción de las actuales estructuras de poder y de clases. Tanto el Derecho, como modo estadocéntrico de regulación social, como también la profesión a cargo de la interpretación y aplicación de éste, me parecían, por ende, fundamentalmente inhabilitantes. Obstruyen la posibilidad de potenciar formas autónomas de regulación social, es decir, de autogobierno y democracia real, participativa.
Por ende, siempre me ha interesado más la política que el derecho. De ahí que al graduarme, decido irme en enero de 1971 a Santiago de Chile para continuar mis estudios, a nivel de posgrado, en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Conseguí una beca de la Fundación Margarita y Enrique Campos del Toro, me casé y arranqué para una de las aventuras más ricas de mi vida. Era el Chile del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el compañero presidente Salvador Allende. Fueron dos años de estudios, tanto libres como formales pero, sobre todo, de unas singulares experiencias formativas en un país que ensayó, sin éxito, la posibilidad de transitar por la vía legal al socialismo. Fue un extraordinario aprendizaje que me validó mi creencia sobre la incapacidad de la forma jurídica para servir como instrumento para el cambio revolucionario que se necesita.
Desde Chile, viajé por primera vez a Cuba como parte de una Brigada Latinoamericana de Cristianos por el Socialismo, organizada y dirigida por el reverendo Juan Antonio Franco. También en el 1971 desde Santiago viajé a Bolivia donde viví la experiencia cruenta de otro golpe de estado militar contra un proceso de poder popular que recién se levantaba en ese país andino hermano. Al regreso, en el aeropuerto de Arica tuvimos la fortuna de encontrarnos con y saludar al Presidente Allende, quien retornaba de una gira diplomática. Asimismo, desde Chile me embarqué en un periplo, en automóvil, de un mes a través de Argentina, Uruguay y Brasil. En Chile desarrollé un compromiso con la militancia que me llevó a aparcar por un tiempo el interés académico.
En diciembre de 1972 regresé a Puerto Rico y me incorporé de inmediato como cuadro a tiempo completo del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), en el área de educación política. He allí mi segunda vocación: la de educador, ya que me había graduado de la UPR con una subconcentración en educación. Al año, se me confió la encomienda de asumir la dirección de la Misión de Puerto Rico que operaba el PSP en La Habana, con el apoyo del gobierno cubano y el gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC). También, durante ese periodo fui miembro del Secretariado de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), mejor conocida como la Tricontinental. Desde Cuba me tocó desarrollar durante cuatro años lo que sería una tercera vocación: la diplomacia revolucionaria. Ello me llevó por África y Asia, Europa y América Latina, promoviendo la solidaridad con nuestra causa de liberación nacional y social.
Es luego de Cuba que finalmente me acerco al estudio del Derecho, aunque con un interés más instrumental. Buscaba profundizar mi conocimiento del Derecho Internacional, sobre todo en función de la lucha anticolonial de Puerto Rico. También sentí en ese momento la necesidad de adquirir un conocimiento más concreto del Derecho como uno de los principales dispositivos de poder de la sociedad colonial-capitalista. Si algo había aprendido ya era que no bastaba criticar algo sino que la crítica debía estar siempre en función de la transformación y superación del objeto de nuestra crítica. Y para ello hay que conocer e investigar más específicamente sobre lo que se aspira a transformar, en este caso el Derecho por su función ordenadora de las relaciones sociales y de poder. Así fue que terminé estudiando Derecho, entre 1978-1982, en el programa nocturno de la Escuela de Derecho de la UPR. Durante ese periodo me dediqué también a desarrollar lo que vendría a ser mi cuarta vocación: el periodismo. Fui Editor Internacional del periódico Claridad (1978-1982). Llegué también a dirigir el Suplemento En Rojo y a ser Director del periódico (1981-82). Fui también corresponsal en San Juan de Prensa Latina (1978).
– WRS – En el 2014, publicaste ¡Ni una vida más para el Derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma-jurídica (México: Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat/ Maestría en Derechos Humanos, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí 2014). ¿De qué trata o tratas en este trabajo?
– CRL – Publicada en México por el innovador y transdisciplinario Programa de Maestría en Derechos Humanos en el que colaboro desde 2014 como profesor regular, esta obra contiene algunas de mis principales tesis sobre la deconstrucción crítica del Derecho como forma históricamente concreta que sirve como instrumento para estructurar la dominación en la sociedad contemporánea. En cierto sentido, este libro es sucesor de otro que publiqué en el 2004: La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas (Ediciones Callejón, San Juan). Éste incluye mi ensayo «¡Ni una vida más para la toga! Hacia una consciencia jurídica posmoderna». Sus lineamientos teóricos sirvieron a modo de pre-texto para la organización de diez exitosos coloquios sociojurídicos en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez. En éstos contamos con la participación de figuras reconocidas como Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Noam Chomsky, Oscar Correas Vázquez, Jesús Antonio de la Torre y Ángeles Diez, entre otros. En gran medida, este primer libro es el reflejo de mis experiencias en ese histórico proyecto educativo del que fui Decano fundador en Mayagüez, junto a Juan Mari Bras y otros. La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos intentó explorar las posibilidades de la formación integral de un jurista de nuevo tipo, socialmente comprometido y éticamente sensitivo. Se trataba de formar un jurista, no como técnico o pleitero motivado principalmente por la necesidad de ganarse la vida dentro del sistema, sino que como un ordenador y organizador del nuevo marco normativo y de las prácticas de administración de justicia que hacen falta para la constitución de una sociedad y un país muy otros, es decir, sin dependencias coloniales, y sin opresiones y explotaciones de unos seres humanos por otros.
En ese sentido, el libro La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas constituye una propuesta para el desarrollo de un nuevo y más humilde entendimiento del Derecho y sus prácticas a partir del cual explorar vías radicalmente alternativas y pluralistas de cambio. Eso incluye la constitución también de un nuevo sujeto profesional: un insurgente jurídico. Éste debía contar con los conocimiento interdisciplinarios y las competencias prácticas para traspasar al mismo Derecho, colonial-capitalista, y operar tanto desde adentro como desde afuera de éste, en todos los ámbitos de la vida social. Se propuso así una perspectiva no juridicista y formalista -como es la predominante en la educación jurídica en general- sino que más bien estratégica y materialista, es decir, con una clara comprensión de las relaciones y los hechos de poder, así como de las luchas.
Concibo el Derecho como un campo de luchas, atravesado por una realidad contradictoria. Estructurado inicial y fundamentalmente para garantizar la reproducción permanente del sistema establecido, mediante la imposición de relaciones desiguales de dominación, también se potencian en su seno una serie de contestaciones y luchas que le obligan a abrirse a otros intereses y aspiraciones, más propios de las clases trabajadoras y los grupos subalternos en general, inicialmente ignorados o invisibilizados bajo éste. De ahí el desarrollo posterior de ramas del Derecho más allá del Derecho Privado. Por ejemplo, está el Derecho del Trabajo, el Derecho Ambiental, el Derecho Social, el Derecho de Bienestar, el Derecho del Desarrollo, los Derechos Humanos, el Derecho de Descolonización, los Derechos de la Mujer, entre otros. Nuestras luchas, además, han producido la ampliación del contenido de los principios constitucionales de la libertad y la igualdad para reconocer y desarrollar nuevos derechos para sectores hasta el momento discriminados por razón de su condición social, nacional o étnica, por su raza, por sus ideas, o por su sexo, género o preferencia sexual. Estos desarrollos fueron dándole reconocimiento de jure a hechos sociales y políticos que adquirieron fuerza normativa como resultado de importantes luchas y cambios favorables, en su momento, en el balance de fuerzas.
Como debimos esperar, la misión de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos resultó demasiado amenazadora para la cultura jurídica prevaleciente en nuestro país, acostumbrada a una lógica de sumisión ante las decisiones de una judicatura cada vez más clasista, colonialista e ideológicamente comprometida con el estado actual de cosas. El Tribunal Supremo, sumido en una prepotencia y mediocridad cada vez más alarmante -sobre todo bajo las presidencias de Andreu García y Hernández Denton-, decidieron que nuestro programa de estudios no podía seguir operando. Lo del cuestionamiento a nuestra viabilidad económica fue toda una narrativa falsa montada con el objetivo de no tener que admitir la verdadera razón: el discrimen y la exclusión por razón de nuestras ideas y prácticas alternativas.
Así las cosas, la salida de mi obra ¡Ni una vida más para el Derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma-jurídica, coincide con ese fatídico abuso de poder que llevó, en el 2013, al cierre obligado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, luego de 18 años de existencia y de éxitos continuos. Esta dolorosa experiencia sólo sirvió para descartar toda ilusión acerca del Derecho como modo de regulación social al interior de una sociedad colonial y de clases. Me reafirmó en mi sospecha de siempre: el Derecho es un dispositivo de poder y una forma dominante de prescripción y ordenación normativa que, históricamente hablando, se ha agotado en sus posibilidades de servir como instrumento principal para la solución justa de conflictos o como marco normativo desde el cual garantizar la marcha de una sociedad verdaderamente democrática, libre e igualitaria. En los tiempos presentes, además, el Derecho ha sido subsumido casi totalmente bajo las lógicas triturantes del capitalismo neoliberal. Con ello, el capital ha realizado su sueño de siempre: se ha convertido en Estado, sea indirectamente, mediante sus cabilderos, el financiamiento de campañas políticas y la compra de facto de los oficiales electos; o directamente, mediante la colocación de sus cuadros profesionales en cargos e instancias de poder que determinan los fundamentos normativos y las políticas económicas en torno a las cuales se organiza la gobernanza contemporánea. La economía política neoliberal se ha convertido en la nueva razón del Estado capitalista. Por tal razón, la posibilidad de la justicia anida en otra parte. Hay que buscarla más allá de las estructuras desiguales y parcializadas de autoridad que prevalecen en la actualidad. Hay que concentrar la mirada en el nuevo marco o esfera de la autodeterminación societal o comunitaria -a lo que me refiero como la nueva esfera de lo común– que se va imponiendo, desde abajo, ante la crisis de gobernabilidad que, en nuestro caso, nos arropa producto de la corrupción y disfuncionalidad del llamado estado colonial-capitalista.
Poco antes de salir ¡Ni una vida más para el Derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma-jurídica, publiquétambién en México otro libro, en coordinación con el querido compañero y reconocido jurista argentino-mexicano Oscar Correas Vázquez, titulado El comunismo jurídico (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2013). Éste contiene los escritos que integran el debate que se produjo, por el Internet ( www.rebelion.org ), con algunos conocidos pensadores españoles a raíz de la publicación de un ensayo mío titulado «El comunismo jurídico». Además del ensayo que originó la controversia, el libro contiene mi réplica titulada «La miseria del Derecho». Los dos libros publicados en México sirven para seguir profundizando, desde un materialismo o marxismo vivo, en mi convicción de que el movimiento real de la historia, el que le sirve de impulso empíricamente constatable a los tiempos actuales, es hacia el desbordamiento del horizonte limitado del Derecho actual hacia aquello que llamo no-Derecho. Se trata de un concepto originado por el sociólogo jurídico francés, Jean Carbonnier. Se refiere a la normatividad societal de lo común que se va autogestando más allá de las esferas de lo privado y lo público.
Lo mismo aplica al Estado y a las formas autogestadas de gobernanza, desde abajo, desde los movimientos sociales, las calles, las comunidades y aquella parte mayoritaria de la sociedad civil víctima de la desposesión de los medios necesarios para vivir dignamente, así como las iniciativas de organización alternativa de la producción social que apuestan por una economía productiva y ecológicamente sustentable. A ello me he referido como expresiones del no-Estado. Son nuevas expresiones de lo político cuyo punto de partida es la forma comunidad y las lógicas solidarias y cooperadoras de asociación e institución de modos alternativos de socialidad y de vida.
Es hora de que tomemos consciencia del hecho de que las normas que nos sirven para regular la diversidad de asociaciones de las que participamos en esta vida, desde las personales hasta las societales, no son única ni tan siquiera mayoritariamente producto del Estado sino que son el resultado de procesos decisionales autónomos, sobre todo los protagonizados por las comunidades y los movimientos políticos y sociales contestatarios. Los procesos sociales y comunitarios tienen, cada vez más, esta potentia constitutiva de carácter inmanente, es decir, independientes de un Estado cada vez más ausente y privatizado en sus fines y prácticas.
– WRS – Puerto Rico y Estados Unidos: El proceso de consulta y negociación 1989-1990 I-II (San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1990, 1991) es un trabajo de análisis y documentación realizado junto a Juan Manuel García Passalacqua. No es vuestro primer trabajo de investigación relacionado a las relaciones políticas e internacionales de Puerto Rico con los Estados Unidos. ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar esta investigación con García Passalacqua sobre el proceso de negociación de la descolonización de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos? ¿Cómo se integró esa investigación a su experiencia de vida como investigador en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos? ¿Cómo integra esas experiencias de vida en su propio quehacer investigativo hoy?
– CRL – A Juan Manuel García Passalacqua lo conocía desde el periodo en que trabajaba en La Habana al frente de la Misión del PSP y él andaba asesorando a la administración del presidente Jimmy Carter sobre el caso de Puerto Rico. Según decía, su principal cometido era ayudar a que volase en cantos el status quo colonial, apuntalado por el Partido Popular Democrático (PPD). Para ello entendía que había que llevar a Washington hacia una postura descolonizadora, aunque en sus inicios pudiese estar caracterizada por una mayor simpatía por la estadidad federada como opción. García Passalacqua estaba convencido de que la anexión finalmente no iba a prosperar como opción, sobre todo por razones raciales y económicas, y ello dejará la independencia como única opción hacia la cual Washington se verá forzado a timonear el país. Su apuesta política, sin embargo, era algo así como jugar a la ruleta rusa y el destino político de Puerto Rico es demasiado importante como para someterlo a un juego de azar. Yo nunca consideré a la anexión como una opción descolonizadora, pues tan sólo sirve para darle permanencia a la condición colonial de Puerto Rico. Sin embargo, si la anexión en lo inmediato constituye un artificio un tanto fantasioso -sobre todo cuando se presenta como «estadidad jíbara» o «estadidad para los pobres»-, eso no quiere decir que no pueda eventualmente presentarle a Washington un reto político difícil de ignorar si algún día consigue el apoyo mayoritario del pueblo puertorriqueño.
Cuando García Passalacqua me propuso en 1989 que trabajásemos juntos en un proyecto de investigación y publicación, bajo la Editorial de la UPR, recién él había publicado un libro junto a Marco A. Rigau sobre la libre asociación. Pensé que conmigo aspiraba a llegar a un público diferente, sobre todo por mis creencias socialistas e independentistas. Además, yo en ese momento me desempeñaba como Decano y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce. No hay duda que, asimismo, el objeto de estudio -el Proceso Congresional de Consulta y Negociación- era muy propicio para una mirada crítica a los desarrollos que se habían dado en la postura de Washington sobre Puerto Rico. Desde la década de los setentas, diversas instancias responsables de formular la política pública hacia nuestro país comenzaron a realizar una serie de estudios y a redactar una serie de policy papers que planteaban la necesidad de una revisión de la política prevaleciente, centrada en la defensa del mal llamado Estado Libre Asociado, ya en franco deterioro.
Lo que hizo diferente a este nuevo proceso fue que, en primer lugar, reconoció en pie de igualdad a las tres fórmulas y a sus representantes (PNP, PPD y PIP); en segundo lugar, aceptó el Derecho Internacional aplicable como parte del marco jurídico que regularía cualquier proceso de descolonización; en tercer lugar, el contenido específico de cada una de las fórmulas, a ser presentadas al pueblo de Puerto Rico en un plebiscito, debía ser previamente dialogado, negociado y decidido por ambas partes, a modo de un proceso de mutuadeterminación; y en cuarto lugar, el resultado del proceso debía ser autoejecutable. No hay duda que podía verse aquí un cambio de paradigma con relación a procesos congresionales anteriores. El proceso finalmente se descarriló por el temor de los congresistas Republicanos a comprometerse con la anexión como opción autoejecutable. A raíz de ello, el exgobernador Luis Ferré, anexionista, admitía, en febrero de 1991, que el proceso demostraba que la anexión no contaba con el apoyo del Congreso y que, en cambio, con lo único que parecía haber una apertura era con la independencia. Claro está, luego vino el gobernador Pedro Roselló (Partido Nuevo Progresista-PNP), con la ayuda del presidente Bill Clinton (Partido Demócrata), y consiguió reenfocar el caso de Puerto Rico como uno de derechos humanos. Logró redefinir el discurso anexionista como una demanda de igualdad para los tres millones y pico de ciudadanos estadounidenses residentes en el archipiélago boricua. Esta movida resultó facilitada por la pérdida de influencia del independentismo y el socialismo, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, provocada por la funesta y descabellada liquidación del PSP.
Si en algo me sirvió participar de este proyecto fue para profundizar en mis posturas en relación a la descolonización de Puerto Rico. Primeramente, pude comprobar cuán agotado y desprestigiado está el status quo «estadolibrista» como opción, sobre todo en la medida en que insista en desarrollarse bajo la soberanía plenaria de los Estados Unidos, según codificada en la Cláusula Territorial de la Constitución federal. En segundo lugar, se pudo confirmar la dificultad que tiene la opción de la anexión, sobre todo por el costo económico que tendría ésta y el factor de la diferenciación cultural de Puerto Rico como nación caribeña y latinoamericana con una historia de lucha por su independencia. En tercer lugar, se evidenció el cambio producido en la postura tradicionalmente obstruccionista de la Marina de Guerra estadounidense hacia cualquier desarrollo de mayor gobierno propio para Puerto Rico, lo que obviamente reflejaba una devaluación de la importancia estratégica de nuestro país para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y finalmente se produjo una mayor apertura, entre los círculos de poder en Washington, hacia la consideración de la independencia como opción descolonizadora más afín a los intereses de Estados Unidos en estos momentos, lo que se reflejó en la disposición a negociar términos favorables para un proceso de transición que garantice la estabilidad y el progreso económico futuro de Puerto Rico. Todo ello eran indicios, aún tímidos, de una nueva mentalidad en el seno del Imperio. Sólo faltaría, a partir de este cambio paradigmático, la constitución del sujeto soberano dispuesto a asumir la responsabilidad última por el desarrollo de un nuevo proyecto de país y de sociedad fundado en nuestra independencia política y económica. Siempre he entendido que la soberanía objetiva, la jurídico-política, es en última instancia producto de la soberanía subjetiva, es decir, de la potenciación de una nueva subjetividad y voluntad de poder, descolonizada y empoderada, entre nuestro pueblo.
– WRS – Si compara la época en que realiza su trabajo investigativo para Puerto Rico y Estados Unidos: El proceso de consulta y negociación 1989-1990 (1992) con la de las ¡Ni una vida más para el Derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma-jurídica (2014), ¿qué diferencias observas?, ¿qué fue aquello que no aprendió o no quiso aprender Puerto Rico de sus estrategias de desarrollo jurídico y político?
– CRL – Ambos son consistentes con la perspectiva crítica del derecho y de la política que me han guiado desde que en mis años de escuela superior abracé las ideas marxistas. Claro está, ello no quiere decir que el pensamiento no se vaya madurando y perfeccionando continuamente según las experiencias concretas de vida y de lucha.
Mis textos en los dos volúmenes que publiqué con García Passalacqua sobre el proceso de consulta y negociación de 1989-1990 son deconstrucciones críticas de los discursos ideológicos en torno a los cuales ha girado la política en Puerto Rico. Como todo discurso ideológico, éstos representan comprensiones parciales un tanto desfasadas de la realidad presente. Por eso nos hallamos en un punto muerto, pues la política ha estado centrada en la repetición, de un lado y de otro, de mitos y abstracciones que ya no representan la realidad empíricamente constatable. La propia realidad nos está forzando a superar el viejo paradigma del status. Lo que no quiere decir que la descolonización no sea algo central, pero ésta tiene que abordarse desde lo que se necesita para que asumamos la responsabilidad colectiva de construir un nuevo proyecto de país y de sociedad que sea expresión de nuestra voluntad soberana como pueblo. En fin, la posibilidad de la independencia está determinada objetivamente por su necesidad histórica, independientemente de que aún no han madurado lo suficientemente las condiciones subjetivas para su concreción.
En el contexto del proceso de consulta y negociación, el PIP encaró positivamente la discusión en torno a la ciudadanía estadounidense luego de la independencia y propuso el reconocimiento de una ciudadanía dual, puertorriqueña y estadounidense, para los que la deseasen. Asimismo, consiguió que los senadores estadounidenses estuviesen abiertos a la posibilidad de avalar un periodo de transición de veinte años, luego de Puerto Rico advenir a su independencia, en el que se mantuviese el nivel actual de transferencias federales, aunque en la forma de block grants. Éstos fondos serían utilizados para el desarrollo de una economía productiva y autosustentable, con un empleo pleno. Éstos son sólo un par de ejemplos de cómo la opción de la independencia fue definiéndose de modo que atendiese algunas de las reservas y temores que al respecto han prevalecido entre sectores importantes del pueblo puertorriqueño. Todo ello representó un nuevo paradigma washingtoniano en relación a la independencia, ya que en el pasado esta opción se había ofrecido con condiciones onerosas y desfavorables. Ello fue facilitado por el realismo político con que el PIP encaró la discusión de dichos temas, en busca de alcanzar una definición más atractiva y concreta de la independencia que pudiese ampliar su aceptación entre el pueblo puertorriqueño.
El independentismo ha tenido que reconocer que el discurso independentista no puede reconstruirse sólo en torno a la cuestión nacional, sino que necesita ineludiblemente apuntalarse en la cuestión social. Del imaginario tradicional montado en torno a un ideal, hay que pasar a un proyecto o programa anclado en lo real, que incida positivamente sobre la vida material de la gente.
El proceso de consulta y negociación sirvió para aclarar cuál es la realidad o viabilidad de cada una de las opciones y la única que salió bien parada fue la independencia. Sin embargo, Washington optó por recular finalmente ante el reto. No estuvo dispuesto a llevar el novel proceso de mutuadeterminación hasta sus últimas consecuencias pues hubiese requerido que efectivamente le hablasen claro al pueblo puertorriqueño y a sus aliados políticos tradicionales en nuestro país (anexionistas y autonomistas), para decirles, sin ambages, que el ELA y la anexión no cuentan con el favor congresional y que, en cambio, la independencia es lo que está en el mejor interés de ambas partes. En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos prefirió seguir cultivando falsas ilusiones que sólo sirven para propiciar el inmovilismo, tanto en Washington como en Puerto Rico, ante el tema de la descolonización. Eso es lo que representa su postura hipócrita de que decidan los puertorriqueños, cuando éstos no deciden porque están entretenidos con un debate en que dos de las tres opciones son quimeras.
En cuanto a ¡Ni una vida más para el Derecho!, estamos ante unos textos dirigidos a la deconstrucción crítica de un fenómeno global y sistémico, con todas sus contradicciones y posibilidades. Se trata de la crisis actual por la que atraviesan las formas históricamente concretas del Derecho y del Estado bajo el capitalismo neoliberal, y la identificación de aquellas tendencias e impulsos que nos revelan empíricamente la emergencia de nuevas formas de regulación social y gobernanza, de producción social y normativa, de subjetivación y democracia, con un carácter que se trasluce, al menos en potencia, como transcapitalista y comunizante. Vivimos en un mundo en que el Estado de Derecho está cada vez más supeditado al Estado de hecho cuya matriz normativa se encuentra en la economía política capitalista. Por eso la posibilidad de la soberanía en el caso de Puerto Rico vendrá mayormente como resultado de una constelación de hechos o actos de fuerza -como, por ejemplo, la rebelión civil del verano de 2019- que obligará a conducir el proceso hacia el reconocimiento de jure de lo que se afirme de facto.
– WRS – ¿Tenéis en Puerto Rico algo bueno que aprender de alguna de las estrategias de desarrollo jurídico y político de otros pueblos en América Latina y el Caribe, o incluso, en otras regiones?
– CRL – En 1989 se produjo en Venezuela lo que se conoció como el Caracazo. Se trató de una rebelión civil en las calles de la capital venezolana y otras ciudades. Eran los condenados bajo el nuevo orden neoliberal que se rebelaban, los mismos que hasta ese entonces eran ninguneados por ese régimen seudo-democrático en que se alternaban para gobernar Acción Democrática y COPEI. Con el Caracazo emergió un nuevo sujeto político: los desposeídos y marginados por ese nuevo orden neoliberal. Nueve años más tarde, en 1998, detrás del Movimiento de la V República, encabezado por Hugo Chávez Frías, dicho nuevo sujeto derrota y pone fin al bipartidismo burgués. En 1999, decide refundar constitucionalmente el país, desde abajo, organiza una Asamblea Constituyente y aprueba una nueva Constitución. El pueblo soberanamente, como nuevo bloque de poder, se hizo poder constituyente para definir y desarrollar un nuevo proyecto de país y sociedad. Sus luchas y aspiraciones constituyeron la fuente material de un nuevo imaginario económico-político-jurídico. La rebelión civil de 1989 culminó en la Revolución bolivariana.
Pocos años después, Ecuador y Bolivia también emprendieron sus propias refundaciones constitucionales, como parte de lo que se ha conocido como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Creo que hay que aprender mucho de estos procesos constituyentes y constitucionales. Sobre todo, cada una de estas experiencias nos invitan a no confundir los nuevos textos constitucionales con lo que constituye la constitución viva, es decir, la constitución material que sirve de matriz normativa a la constitución formal o textual. Los textos constitucionales tendrán siempre aquel sentido que le demos desde nuestras luchas, desde las nuevas formas y situaciones de poder que se estructuren para socializar y comunizarlas como expresiones del nuevo proyecto de país y sociedad empuñado por un bloque hegemónico de poder. Precisamente, la gran contribución de estas experiencias es que nos enseñan que la refundación constitucional es un proceso permanente basado en el soberano e inalienable poder constitutivo de la comunidad. El poder constituido, es decir, gubernamental, es tan sólo una instancia ejecutiva de la voluntad de ese pueblo soberano. De ahí la necesidad de dejar atrás el modelo liberal de la constitución y su principio alienante de representación, para abrir paso a un modelo alternativo basado en una democracia real bajo el cual la voluntad del soberano popular tiene que contar con mecanismos permanentes de participación en los procesos decisionales de las políticas acerca de lo común y lo público, que el gobierno y la sociedad estarán obligadas a ejecutar. Se trata de que el soberano popular se represente a sí mismo, promueva directamente sus propios intereses y aspiraciones, y no esté limitado a depender de instrumentos partidistas mayormente interesados en adelantar sus propios intereses parroquiales. Se trata de hacer realidad aquello de una democracia como la gobernanza de, por y para el pueblo.
La rebelión civil del verano del 2019 y su posible retorno en estos días ante el colapso total de la capacidad del régimen colonial para gobernar y solucionar los problemas urgentes del pueblo nuestro, nos plantea el mismo reto antes descrito. Resulta apremiante la refundación constitucional de Puerto Rico como expresión de esa refundación política, económica y social que se está demandando en las calles y las comunidades del país. De lo que se trata es de seguir profundizando este despertar de la soberanía subjetiva del pueblo puertorriqueño para refundarnos desde nosotros mismos, en dirección a la posterior formalización objetiva de ésta, incluyendo una redefinición de nuestra relación con Estados Unidos basada en la igualdad soberana. Para ello hará falta la convocatoria y organización de una Asamblea Constituyente, no limitada al tema de la condición colonial en su sentido estrictamente jurídico-político, sino dedicada sobre todo a la articulación de ese nuevo proyecto de país y sociedad que se va pariendo, poco a poco, desde los más diversos rincones y sectores de nuestro país. Hay quien ha dicho que los temblores de estos días son, en realidad, las contracciones anticipatorias de ese parto.
– WRS – Carlos, ¿cómo visualiza su trabajo creativo de carácter político y jurídico con el de su núcleo generacional de escritores e investigadores con los que comparte o ha compartido en Puerto Rico o fuera?
– CRL – Me veo como una especie de insurgente advirtiéndole a los demás que lo que creen son sólo molinos, realmente son gigantes monstruosos. He sido descrito como «un humanista atrapado en el cuerpo de un jurista»; así también como promotor de «un terrorismo discursivo» que busca subvertir las coordenadas de entendimiento de lo jurídico. El escritor Eduardo Lalo me describió en una ocasión como «una voz solitaria y sufriente ante las fuerzas ciegas e hipócritas del Derecho y del Estado» (ver «Pequeña propuesta para una vida fuera de la ley», en el libro editado por Daniel Nina titulado Ni una vida más para la toga, Ediciones Callejón, San Juan, 2006). Como bien acierta Lalo, en Puerto Rico he estado viviendo una especie de existencia solitaria impuesta por mi «criminalización» por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre otros. Para las escuelas de Derecho soy como una especie de espécimen raro que habla de cosas que no se pueden ver a primera vista, y menos aparecen en los exámenes de reválida. Boquerón, donde resido, alberga mi taller de trabajo desde el cual me he dedicado a investigar y a escribir sobre temas que generalmente no se entienden o aprecian en nuestra comunidad jurídica, reducida como está a una visión practicista y economicista de la abogacía, circunscrita mayormente al ámbito de los tribunales.
Mi último contacto con una escuela de Derecho en Puerto Rico fue en agosto de 2015 cuando los estudiantes miembros de la Revista de Estudios Críticos del Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, me invitaron a ofrecerles una conferencia titulada «Teoría crítica y Derecho» (véase Revista de Estudios Críticos del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Volumen 12, Número 1, San Juan, 2016, pp. 1-16). En enero de 2015 ofrecí, por invitación, un curso corto en dicha Facultad de Derecho, titulado «Entre el Derecho y el no-Derecho: Pluralidad jurídica y modos de regulación social bajo el Estado contemporáneo».
Nadie es profeta en su tierra, se me ha dicho con cierta razón. De ahí que me he visto forzado a no dejarme constreñir por mi contexto insular inmediato y a echar vuelo más allá de nuestras fronteras. En la América Latina, especialmente en México y en Brasil, mi insurgencia discursiva ha sido más comprendida y abrazada. Se me ha hecho sentir valorado, además de querido. Mi libro más reciente, Crítica à Economia Política do Direito (Editora Idéias & Letras, São Paulo, 2019) fue publicado en portugués. En ese sentido, soy parte de una academia latinoamericana de crítica jurídica que se ha conseguido organizar desde México hasta Argentina. Ésta efectúa anualmente una Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, con el coauspicio activo de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y la UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), entre otras. El fundador del evento, el compañero Oscar Correas, me vinculó desde un principio a la organización del evento y al desarrollo de sus objetivos de articular un amplio movimiento regional de profesores e investigadores comprometidos con la crítica jurídica. El evento, que ya ha celebrado catorce ediciones, nos sirve de punto permanente de encuentro. También se publica desde México una revista Crítica Jurídica, fundada y aún dirigida por Oscar Correas, que circula por toda la América nuestra. Por otra parte, soy miembro de un Grupo de Trabajo sobre pensamiento jurídico crítico del Consejo Latinoamericano de la Ciencias Sociales (CLACSO), cuya sede está en Buenos Aires. Y, por último, imparto cátedra, desde 2014, en el Programa de Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ofrezco, junto al reconocido catedrático brasileño Antonio Carlos Wolkmer, el curso «Estado de Derecho y Derechos Humanos». Allí, además, superviso y evalúo tesis de grado.
En fin, Nuestra América se ha convertido en mi taller de trabajo.
– WRS – ¿Cómo concibes la recepción a su trabajo creativo dentro de Puerto Rico, y la de sus pares, bien sean escritores de carácter político y jurídico o no?
– CRL – Mi libro La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas recibió un reconocimiento especial, en el 2004, del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Mi ensayo de enero de 1993, «¡Ni una vida más para la toga! Hacia una consciencia jurídica posmoderna», reproducido en el libro antes mencionado, es mi trabajo de mayor impacto en el ámbito universitario de Puerto Rico. Fuera de eso, se tiende a desconocer mi trabajo creativo más reciente, tanto de libros propios, capítulos de libros colectivos y artículos en revistas, dado el hecho de que han sido publicados en el exterior. Seguramente, mi trabajo creativo más conocido en Puerto Rico sea el periodístico, en el semanario Claridad. En el 2013, el Instituto de Literatura Puertorriqueña me otorgó el Segundo Premio Nacional de Periodismo por artículos publicados en dicho semanario independentista. El año antes, recibí también un reconocimiento por mi labor periodística de la Casa de Puerto Rico en España.
– WRS – Sé que vos es de Puerto Rico. ¿Se considera un autor puertorriqueño o no? O, más bien, un autor de literatura política y jurídica, sea esta puertorriqueña o no. ¿Por qué?
– CRL – Francamente, me siento ambas cosas a la vez: un autor puertorriqueño, pues así se me ve fuera de Puerto Rico; pero también soy un autor caribeño y latinoamericano por mi formación y experiencias de vida. Soy de la generación del 1968 que se propuso cambiar el mundo. Soy hijo de los tiempos nuevos abiertos por la Revolución cubana y, como tal, me he sentido parte de «esa gran humanidad que ha dicho basta, y ha echado a andar». Soy un autor cuya identidad primaria es la revolución. Mi patria es el pueblo que trabaja y lucha. Por último, se me considera autor de filosofía y teoría crítica del Estado y el Derecho. Hay quienes también me definirían como un autor marxista, aunque no ortodoxo sino practicante de un marxismo vivo y abierto.
– WRS – ¿Cómo integra su identidad étnica y su ideología política con o en su trabajo creativo?
– CRL – Personalmente prefiero hablar de identidad nacional, pues Puerto Rico es una nación. Sin embargo, como tal me siento también antillano y latinoamericano, parte de una Patria Grande, como expresé con anterioridad. Dicha identidad y sus circunstancias histórico-sociales permean decisivamente cómo pienso el mundo y cómo me planteo su trasformación. Ello también define mis intereses investigativos y mi trabajo creativo en cada momento.
– WRS – ¿Qué diferencia observas, al transcurrir del tiempo, con la recepción del público a su trabajo creativo y a la temática investigativa del mismo? ¿Cómo ha variado?
– CRL – Siento que en la América nuestra, sobre todo en México y Brasil, mi trabajo creativo recibe un reconocimiento cada vez mayor. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de Puerto Rico, con excepción como ya dije de mis artículos periodísticos en Claridad y más recientemente en 80 Grados (véase «La refundación constitucional desde abajo», 9 de agosto de 2019).
– WRS – ¿Qué otros proyectos investigativos tiene pendientes?
– CRL – Hace ya un tiempo me encuentro concentrado en una investigación sobre la producción de subjetividad en la sociedad capitalista contemporánea. He estado abordando este tema en mis más recientes trabajos y aspiro a seguir profundizando en éste. Ello me ha llevado a una nuevo peregrinaje teórico a través de las obras de autores como Herbert Marcuse, Louis Althusser, Etienne Balibar, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Alain Badiou y Ernesto «Che» Guevara, así como a los psicoanalistas Jacques Lacan , Néstor Braunstein y Jorge Alemán, entre otros.
Me parece que el tema de la producción de la subjetividad es uno de los temas neurálgicos, aunque insuficientemente estudiados, para entender las dificultades históricas que confronta todo proyecto de ruptura revolucionaria con lo viejo y de tránsito hacia algo nuevo. Las lógicas y fundamentos normativos del capital han penetrado como nunca antes nuestras mentes y cuerpos. De ahí que no sólo hay que ponerse en condiciones de confrontar las estructuras económico-políticas del capitalismo, sino que también ese inconsciente capitalista que anida en cada uno y una. Llevamos también adentro las estructuras de la dominación. Crear algo nuevo, es decir, un modo alternativo de vida y de orden civilizatorio al capitalismo, requiere del desarrollo de una subjetividad o consciencia nueva. Aspirar a transformar el mundo y a nuestra sociedad es, en ese sentido, proponerse también a cambiar la condición actual del ser humano bajo el capitalismo.
Por otra parte, sigo trabajando sobre el tema del constitucionalismo vivo que he visto presente en los recientes eventos en Puerto Rico. Muchos creyeron que la llamada revolución del verano de 2019 había llegado definitivamente a su conclusión y que todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, en estos días hemos atestiguado nuevas expresiones de rebeldía en las calles. Y es que las revoluciones no son procesos lineales, aislados y menos aún reducidos a un gran acontecimiento. En todo caso, el acontecimiento revolucionario está integrado por una serie interminable de sucesos. Las revoluciones son trincheras sin fin, no exentas de contradicciones. Se interrumpen en su marcha para luego retornar sobre lo que aparece ha concluido, para volver a empezar. Sin embargo, lo que hay que entender en el caso de Puerto Rico es que todo acontece en medio de un proceso acelerado de descomposición del régimen colonial-capitalista. Este proceso secuencial también ha ido potenciando un movimiento permanente de contestación y el desarrollo de una nueva subjetividad rebelde que poco a poco va entendiendo la lógica inherente de las revoluciones: hacer en cada momento lo que es necesario para seguir avanzando más allá del punto muerto del status quo colonial-capitalista. En medio de todo ello, hay que ser capaz de ver aquello que no se puede ver a primera vista sino que está en trance-de-ser. Hay que saber identificar las nuevas posibilidades que despiertan a la vida, para hacerlas realidad.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
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